Sanciones de Hacienda: cuánto se paga y cómo reducirlas hasta un 65 %

Una sanción de Hacienda no es necesariamente definitiva: la reducción de las sanciones tributarias está regulada por ley y, bien gestionada, puede rebajar el importe final hasta un 65 %. En Santamaría Baeza explicamos qué sanciones aplica la Agencia Tributaria a autónomos y pymes de Alicante, cómo se calculan realmente y qué reducciones puede aplicarse usted mismo si decide no recurrir.

Hacienda no puede sancionar sin probar la culpa

El régimen sancionador tributario, regulado en el Título IV de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), parte de un principio que muchos contribuyentes desconocen: solo cabe sanción cuando existe dolo o, al menos, negligencia por parte del obligado tributario (arts. 178 y 183 LGT). Una simple discrepancia de criterio con la Administración, un error material subsanado con diligencia, o una autoliquidación presentada con retraso por causas justificadas no equivalen automáticamente a una infracción sancionable.

El artículo 179.2.d) LGT recoge un supuesto especialmente útil para autónomos y pymes: no existe responsabilidad si el contribuyente ha actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma, o ha ajustado su conducta a los criterios que la propia Administración había manifestado en consultas, publicaciones o comunicaciones escritas. Este matiz es la primera línea de defensa antes de plantearse ninguna reducción: si la sanción es improcedente porque falta el elemento de culpabilidad, lo que corresponde es recurrirla, no rebajarla. Ya explicamos en nuestro artículo Requerimiento de Hacienda: los 5 errores que lo convierten en sanción cómo una respuesta mal planteada a un simple requerimiento de información puede acabar abriendo, sin necesidad, un expediente sancionador.

Las sanciones más frecuentes: importes y porcentajes

La infracción más habitual entre autónomos y pequeñas empresas es dejar de ingresar la deuda que resulte de una autoliquidación —por ejemplo, un modelo 303 o un modelo 130 presentado con una cuota inferior a la debida— (art. 191 LGT). Su calificación, y con ella el porcentaje de la sanción, depende de si hubo ocultación de datos a la Administración y de otras circunstancias agravantes:

Junto a esta infracción «material», existen las infracciones formales, mucho más frecuentes de lo que parece y a menudo infravaloradas. No presentar en plazo una autoliquidación o declaración que no origina perjuicio económico directo —por ejemplo, una declaración informativa o un modelo censal— se sanciona con una multa fija de 200 euros (400 euros si se trata de una declaración censal), importe que se reduce a la mitad si se presenta fuera de plazo pero sin requerimiento previo de Hacienda (art. 198 LGT). Presentar esa misma declaración de forma incorrecta o incompleta, o llevar la contabilidad y los libros registro con errores sustanciales, están tipificados como infracciones autónomas en los arts. 199 y 200 LGT, con sanciones que se gradúan según el número de datos afectados y la entidad del incumplimiento formal, sin que existan aquí porcentajes fijos aplicables a todos los casos por igual.

Cómo rebajar la sanción hasta un 65 %

Aquí está la parte que de verdad interesa a quien ya ha recibido una propuesta de sanción. El artículo 188 LGT, reformado por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, contempla tres reducciones que, en determinados casos, pueden combinarse entre sí:

• 65 % en actas con acuerdo. Reservado a determinadas comprobaciones inspectoras en las que la Administración y el contribuyente suscriben un acta pactada sobre los hechos y la valoración jurídica. Antes de la reforma de 2021 esta reducción era del 50 %.
• 30 % por conformidad. Se aplica cuando el contribuyente presta su conformidad expresa a la propuesta de liquidación o de sanción, sin necesidad de llegar a un acta con acuerdo. Es la vía más habitual para autónomos y pequeñas empresas.
• 40 % adicional por pronto pago. Se suma a la reducción por conformidad —no a la de acta con acuerdo, que es incompatible con ella— cuando se paga el importe restante en período voluntario y no se recurre ni la liquidación ni la propia sanción. Antes de la Ley 11/2021 esta reducción era solo del 25 %.

Ambas reducciones —conformidad y pronto pago— se pierden si, después de haberlas obtenido, se interpone recurso o reclamación contra la liquidación de la que trae causa la sanción o contra la propia sanción: Hacienda exige entonces el importe íntegramente reducido, sin las rebajas aplicadas. Por eso conviene valorar, antes de firmar la conformidad, si existen argumentos serios para recurrir —por ejemplo, por falta de culpabilidad conforme al art. 179.2 LGT— o si, sopesados los riesgos, compensa más asumir la reducción y cerrar el expediente. Si tiene dudas sobre qué opción conviene a su caso, puede consultarnos antes de firmar cualquier documento que la Agencia Tributaria le presente.

Regularizar antes de que llegue la sanción: el recargo del art. 27 LGT

Si usted detecta el error antes de que Hacienda se lo notifique, existe una vía mucho menos costosa que la sanción: presentar una autoliquidación complementaria fuera de plazo, pero sin que medie requerimiento previo de la Administración. En ese caso no se aplica sanción alguna, sino un recargo por declaración extemporánea (art. 27 LGT), sensiblemente más económico:

1. Hasta doce meses de retraso. Recargo del 1 %, más otro 1 % adicional por cada mes completo transcurrido desde el fin del plazo voluntario de presentación. No se exigen sanciones ni intereses de demora sobre ese período.
2. Más de doce meses de retraso. Recargo fijo del 15 %, al que se suman los intereses de demora devengados desde el día siguiente a la finalización de esos doce meses hasta el momento de la presentación.
3. Reducción adicional del 25 %. Se aplica sobre el recargo si se paga la totalidad de este y de la deuda regularizada dentro del plazo voluntario, o si se solicita y se garantiza debidamente un aplazamiento o fraccionamiento del pago.

La diferencia con una sanción es notable. Una regularización voluntaria presentada con seis meses de retraso genera un recargo del 6 % sobre la cuota, frente a una sanción que —si es Hacienda quien detecta primero el incumplimiento mediante un requerimiento o una comprobación— puede alcanzar el 50 %, el 100 % o incluso el 150 % de la misma cuota, según la calificación de la infracción. En la inmensa mayoría de los casos, adelantarse compensa, y así lo trasladamos a los clientes de nuestro despacho antes de recomendar cualquier estrategia de regularización.

Plazos y garantías: seis meses de duración y suspensión automática si recurre

El procedimiento sancionador tributario es independiente del procedimiento de comprobación o liquidación del que trae causa (arts. 207 a 212 LGT), aunque ambos suelen tramitarse de forma coordinada. La Administración dispone de un plazo máximo de seis meses desde la notificación del acuerdo de inicio del expediente sancionador para notificar la resolución que le ponga fin (art. 211 LGT). Si transcurre ese plazo sin resolución expresa notificada, el procedimiento caduca: se ordena el archivo de las actuaciones y no puede iniciarse un nuevo expediente sancionador sobre los mismos hechos, sin perjuicio de que la Administración pueda utilizar la documentación obtenida en otro procedimiento distinto dentro del plazo de prescripción.

Preguntas frecuentes

Este artículo ofrece información general sobre el régimen sancionador tributario, actualizada a la fecha de su publicación, y no sustituye al asesoramiento fiscal individualizado. La normativa tributaria cambia con frecuencia; antes de tomar cualquier decisión, consulte su caso concreto con un profesional.