Disolver y liquidar una SL: pasos, plazos y coste fiscal

Cerrar una empresa no es dejar de facturar y olvidarse. Disolver una sociedad limitada es un procedimiento reglado, con acuerdos que hay que documentar, un patrimonio que hay que repartir y una factura fiscal que conviene calcular antes de empezar. Quien lo hace mal no se ahorra el cierre: se lo encuentra años después, con recargos y con responsabilidad personal.

En el despacho vemos con frecuencia la misma escena. Una SL de Alicante o de Elche lleva dos años sin actividad, sin depositar cuentas y sin presentar impuestos, y el socio da por hecho que la sociedad «se ha cerrado sola». No es así. Mientras no se inscriba la escritura de extinción, la sociedad sigue existiendo, sigue teniendo obligaciones y el administrador sigue expuesto.

Disolución, liquidación y extinción no son lo mismo

Es la confusión que más problemas genera. La normativa distingue tres momentos sucesivos, y saltarse uno invalida el siguiente.

• Disolución. Es el acuerdo o el hecho que abre el proceso de cierre. La sociedad no desaparece: entra en fase de liquidación y debe añadir a su denominación la expresión «en liquidación» (art. 371 LSC).
• Liquidación. Es la fase de trabajo: cobrar lo que se debe a la sociedad, pagar a los acreedores, vender o adjudicar los bienes y repartir lo que sobre entre los socios.
• Extinción. Es el final. Se otorga escritura pública de extinción y se cancelan los asientos en el Registro Mercantil (arts. 395 y 396 LSC). Solo entonces la sociedad deja de existir.

Entre el primer acuerdo y la cancelación registral pueden pasar meses. Durante todo ese tiempo la sociedad conserva su personalidad jurídica, sigue siendo sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades y sigue obligada a formular y depositar cuentas anuales. Si esa obligación se ha descuidado, conviene regularizarla antes de cerrar: lo explicamos en nuestro artículo sobre el depósito de cuentas anuales, plazos y sanciones.

Por qué la sociedad no se cierra sola

Ninguna norma prevé el cierre automático de una SL por inactividad. Al contrario: el cese en el ejercicio de la actividad que constituye el objeto social es precisamente una causa de disolución que obliga a actuar, y la ley entiende que ese cese se ha producido tras un período de inactividad superior a un año (art. 363.1.a LSC). Es decir, la inactividad no cierra la empresa: activa el deber de cerrarla.

Cuándo hay que disolver y cuándo se puede

La ley separa tres vías distintas, con consecuencias muy diferentes para el administrador.

Disolución de pleno derecho

Opera sin necesidad de acuerdo. Sucede, entre otros casos, por el transcurso del término de duración fijado en los estatutos sin prórroga inscrita, o por el transcurso de un año desde un acuerdo de reducción de capital por debajo del mínimo legal impuesto por una ley sin haber inscrito la transformación, la disolución o el aumento de capital (art. 360 LSC).

Disolución por causa legal

El artículo 363 LSC enumera los supuestos en que la sociedad deberá disolverse. Los más frecuentes en la práctica:

• Cese de la actividad. Se presume tras más de un año de inactividad.
• Conclusión de la empresa que constituye el objeto social o imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.
• Paralización de los órganos sociales que impida su funcionamiento, el clásico bloqueo entre socios al 50 %.
• Pérdidas cualificadas. Cuando dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, salvo que este se aumente o se reduzca lo suficiente y no proceda solicitar el concurso.
• Reducción del capital por debajo del mínimo legal que no derive del cumplimiento de una ley.

Cuando concurre una de estas causas, los administradores deben convocar la junta general en el plazo de dos meses para que acuerde la disolución o remueva la causa (art. 365.1 LSC). Ese plazo de dos meses es el que marca la diferencia entre un cierre ordenado y una responsabilidad personal.

Disolución por mero acuerdo

Es la vía voluntaria. La junta general puede acordar la disolución sin que exista causa legal, con los requisitos previstos para la modificación de estatutos (art. 368 LSC). Es la opción habitual cuando los socios simplemente deciden dejar de operar y el balance está saneado.

Cómo se liquida una SL: el procedimiento completo

Estos son los pasos de la liquidación de sociedad, en el orden en que deben producirse. Alterar el orden es la causa más habitual de que el Registro Mercantil devuelva la escritura.

1. Convocatoria y junta de disolución. Se convoca la junta y se adopta el acuerdo de disolución. Si hay causa legal, dentro de los dos meses del art. 365 LSC.
2. Nombramiento de liquidadores. Con la apertura de la liquidación, los liquidadores asumen las funciones que venían correspondiendo a los administradores (art. 375 LSC). Salvo previsión estatutaria distinta, suelen ser los propios administradores.
3. Elevación a público e inscripción. El acuerdo de disolución se eleva a escritura pública y se inscribe en el Registro Mercantil. Desde ahí, la sociedad opera «en liquidación».
4. Operaciones de liquidación. Los liquidadores perciben los créditos sociales y pagan las deudas sociales (art. 385 LSC). Se cancelan contratos, se liquidan relaciones laborales, se vende el inmovilizado y se cierra la actividad.
5. Balance final, informe y proyecto de división. Concluidas las operaciones, los liquidadores someten a la junta un balance final, un informe completo y un proyecto de división del activo resultante (art. 390.1 LSC).
6. Plazo de impugnación. Los socios que no votaron a favor pueden impugnar el acuerdo aprobatorio en el plazo de dos meses desde su adopción (art. 390.2 LSC). Hay que dejar transcurrir ese plazo.
7. Pago de la cuota de liquidación. Transcurrido el plazo sin reclamaciones —o firme la sentencia que las resuelva— se paga la cuota de liquidación a los socios (art. 394 LSC). Nunca antes de pagar o consignar los créditos de los acreedores (art. 391.2 LSC).
8. Escritura de extinción y cancelación. Los liquidadores otorgan escritura pública de extinción manifestando que transcurrió el plazo de impugnación, que se pagó o consignó a los acreedores y que se satisfizo la cuota de liquidación (art. 395 LSC). Se inscribe y se cancelan los asientos (art. 396 LSC).
9. Cierre fiscal y censal. Presentación del último Impuesto sobre Sociedades, del resto de declaraciones pendientes y baja censal mediante el modelo 036.

Aunque la ley no impone un plazo máximo para completar la liquidación, sí obliga a los liquidadores a informar periódicamente a los socios de la marcha del proceso. Una liquidación que se eterniza sin justificación es un foco de conflicto y de responsabilidad.

Cómo tributa el cierre: los tres impuestos que aparecen

El cierre de empresa tiene un coste que casi nunca es cero. Conviene calcularlo antes de acordar la disolución, porque condiciona si interesa vender los bienes o adjudicarlos a los socios.

La tributación de la cuota de liquidación en el socio

Para el socio persona física, la cuota de liquidación genera una ganancia o pérdida patrimonial. Se calcula por la diferencia entre lo recibido —dinero o valor de mercado de los bienes— y el valor de adquisición de sus participaciones (art. 37.1.e LIRPF).

Esa ganancia se integra en la renta del ahorro, porque el artículo 46.b) LIRPF incluye ahí las ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales. La escala del ahorro resulta de sumar la estatal del artículo 66 LIRPF y la autonómica del artículo 76, que son idénticas: 19 % hasta 6.000 euros, 21 % de 6.000 a 50.000, 23 % de 50.000 a 200.000, 27 % de 200.000 a 300.000 y 30 % a partir de ahí. Si la cuota de liquidación es inferior a lo aportado, se genera una pérdida patrimonial compensable con las reglas generales.

La disolución sí paga ITP

Aquí hay una trampa frecuente. Es cierto que el ITP-AJD exime la constitución de sociedades y los aumentos de capital (art. 45.I.B).11 TRLITPAJD), y muchos deducen que el cierre también está exento. No lo está. La disolución de sociedades es una operación societaria sujeta (art. 19.1.1.º), la base imponible es el valor de los bienes y derechos entregados a los socios sin deducción de gastos ni deudas (art. 25.4), el tipo de gravamen es del 1 % (art. 26) y quienes lo pagan son los socios, no la sociedad (art. 23.b). El plazo de autoliquidación es de treinta días hábiles desde que se causa el acto (art. 102.1 del Reglamento aprobado por el RD 828/1995), y en la Comunitat Valenciana se presenta ante la Administración tributaria autonómica.

Si entre los bienes adjudicados hay inmuebles urbanos situados en Alicante, Elche o cualquier municipio de la provincia de Alicante, habrá que valorar además el impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos, que se liquida en cada ayuntamiento según su ordenanza.

Cuando la deuda con Hacienda ya se ha generado, el margen de maniobra se estrecha mucho. Puede leer qué ocurre entonces en nuestro artículo sobre la providencia de apremio y los embargos de la AEAT.

Obligaciones fiscales durante y después de la liquidación

• El período impositivo concluye con la extinción. Así lo dispone el art. 27.2.a) LIS. La última declaración del Impuesto sobre Sociedades se presenta en los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión de ese período (art. 124.1 LIS).
• Las declaraciones periódicas siguen vivas. IVA, retenciones y pagos fraccionados se mantienen mientras haya operaciones, aunque la sociedad esté «en liquidación».
• La baja censal es el último trámite, no el primero. Darse de baja en el modelo 036 antes de haber liquidado no extingue ninguna obligación pendiente.

Qué responsabilidades sobreviven a la extinción

Cancelar los asientos registrales no borra el pasado. La ley prevé expresamente qué ocurre cuando, cerrada la sociedad, aparecen bienes o deudas que nadie había contemplado.

• Activo sobrevenido. Si aparecen bienes sociales después de la cancelación, los liquidadores deben adjudicar a los antiguos socios la cuota adicional que corresponda, convirtiendo los bienes en dinero cuando sea necesario (art. 398.1 LSC).
• Pasivo sobrevenido. Los antiguos socios responden solidariamente de las deudas sociales no satisfechas, hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación (art. 399.1 LSC). Es un límite cuantitativo importante: no se responde con todo el patrimonio personal, pero sí con lo cobrado.
• Responsabilidad de los liquidadores. La responsabilidad de los socios se entiende sin perjuicio de la de los liquidadores (art. 399.2 LSC), que responden por su propia gestión.

Por eso, en sociedades con deudas, el orden importa. Cerrar «por la vía rápida» repartiendo lo que queda y dejando facturas sin pagar expone a los socios al artículo 399 LSC y al administrador a acciones de responsabilidad. Si hay dudas sobre la solvencia, lo prudente es analizar la situación antes de convocar la junta.

Preguntas frecuentes

Este artículo ofrece información general actualizada a su fecha de publicación y no sustituye al asesoramiento fiscal y mercantil individualizado. La normativa tributaria y societaria cambia con frecuencia y su aplicación depende de las circunstancias concretas de cada sociedad. Consulte su caso con un profesional antes de tomar decisiones.